sábado, 6 de octubre de 2018


La Corte Interamericana de Derechos Humanos invita al evento denominado "40 años de Corte IDH y su impacto en Colombia" a realizarse el 16 de octubre de 2018 en Bogotá D.C.

lunes, 19 de febrero de 2018

La Farc en la política: entre la esperanza y el rechazo


Con las elecciones legislativas y presidenciales por delante, el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) realiza su campaña mirando hacia los sectores más vulnerables del país, a los que les promete superar deudas históricas en materia económica y social. No obstante, las constantes agresiones los obligó a suspender temporalmente sus tareas proselitistas.
“La historia de los partidos políticos de izquierda tiene una larga tradición de intolerancia y violencia, los sucesos de la última semana en contra de nuestro partido nos remontan a la época de la Unión Patriótica, bajos estos mismos hechos empezó lo que terminó siendo el genocidio político más atroz del país”, señaló ‘Pablo Catatumbo’, en diálogo con este portal.
Para el Consejo Político Nacional (CPN), una de las instancias decisorias de la organización, el derecho a la protesta no puede ser confundido con el vandalismo. A juicio de sus voceros, el daño a bienes públicos y las agresiones físicas en contra de los candidatos de la Farc constituyen una infracción a la ley que debe ser castigada por la justicia.
Uno de los hechos mas delicados se registro en Yumbo, Valle del Cauca, donde varios integrantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de los Materiales de Construcción (SUTIMAC) resultaron heridos durante las protestas que sectores opositores realizaban en contra de la campaña del candidato presidencial Rodrigo Londoño, máximo líder de la colectividad.
En un comunicado difundido hoy, la Farc convoco a “todos los partidos y movimientos políticos, sin excepciones, a pronunciarse rechazando este tipo de provocaciones y los invitamos a encontrarnos en una cumbre para acordar unas reglas de juego limpio, para la campaña electoral en curso, donde primen los argumentos, las ideas y las propuestas, por encima de la agresividad verbal y la violencia física”.
Esa petición no es nueva, viene con lo pactado en La Habana con la propuesta de lograr un “Pacto Político Nacional” desde las regiones con partidos y movimientos políticos para sacar las armas y la violencia de la política, que por el momento no ha tenido mayor aceptación más allá de las plataformas políticas y organizaciones sociales que convergen alrededor del partido político.
El partido surgido de la desaparición de las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) tiene candidato a la Presidencia de la República, listas cerradas al Senado y a la Cámara de Representantes en los departamentos de Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico y Santander, para los comicios que se realizarán en marzo y mayo próximos.
Tal como quedó contemplado en el acuerdo de paz que firmaron las Farc y el gobierno nacional, el nuevo partido tiene aseguradas cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara para los periodos 2018-2022 y 2022-2026. En las urnas se determinará si aumentan sus asientos en el Legislativo.
Por decisión del partido, al Senado llegarán Iván Luciano Márquez Marín Arango (conocido en la guerra como ‘Iván Márquez’), Pablo Catatumbo Torres Victoria (‘Pablo Catatumbo’), Julián Gallo Cubillos (‘Carlos Antonio Lozada’), Victoria Sandino Simanca Herrera (‘Victoria Sandino’) y Criselda Lobo Silva (‘Sandra Ramírez’).
En la Cámara tendrán asiento Reinaldo Cala (‘Jairo Quintero’), Seuxis Paucias Hernández (‘Jesús Santrich’), Luis Alberto Albán (‘Marco León Calarcá’), Jairo González (‘Byron Yepes’) y Omar de Jesús Restrepo (‘Olmedo Ruiz’).
La Farc decidió llevar al Congreso a excomandantes y mandos medios que jugaron un papel clave en la guerra, bien sea en tareas militares o políticas, así como en la negociación del acuerdo de paz en La Habana.
La renovación vendrá por cuenta de los candidatos ubicados en los renglones inferiores, buena parte de ellos jóvenes que militaron en las células urbanas del Partido Comunista Clandestino de Colombia (PC3) y, en menor proporción, integrantes de organizaciones sociales que se le midieron a presentar su candidatura a nombre de la Farc.

Repudiados en la calle

La decisión de presentar a la Presidencia y al Congreso candidatos que empuñaron las armas sin antes pasar por la Jurisdicción Especial para la Paz les ha generado reacciones adversas en sus intervenciones en la plaza pública.
La correría del candidato presidencial Rodrigo Londoño, máximo jefe de la colectividad, empezó mal en Armenia, Quindío, el pasado 3 de febrero, cuando un grupo de personas protestaron por su presencia en la región frente al hotel en el que se hospedaba; tras salir de allí, el vehículo en el que se movilizaba con su esquema de seguridad fue apedreado.
Ese mismo día, en Pereira, Risaralda, varios integrantes del partido, entre ellos el candidato al Senado Israel Zúñiga, se vieron obligados a permanecer encerrados en la sede de una cooperativa donde se reunían con organizaciones sociales debido al “bloqueo en las afueras de las instalaciones” por parte de un grupo de personas que también se mostraron inconformes con la actividad política de la Farc. El domingo 4 ‘Márquez’ tuvo que cancelar un evento de campaña en Florencia, Caquetá, debido a las manifestaciones de personas que se presentaron como víctimas de la otrora guerrilla.
La cadena de reacciones adversas continuó el martes pasado, cuando integrantes de la Corporación Rosa Blanca, que alegan haber sido reclutadas de manera forzada y abusadas sexualmente por comandantes de las Farc, realizaron un plantón frente al Consejo Nacional Electoral para presionar un fallo favorable a las solicitudes de revocatoria de las inscripciones de las candidaturas de la Farc presentadas por José Uscátegui, candidato a la Cámara del Centro Democrático e hijo del general (r) Jaime Uscátegui, condenado a 37 años de prisión por la masacre de Mapiripán, Meta.
Las agresiones se repitieron ayer en un barrio de Cali, del que Londoño tuvo que salir con el apoyo del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) de la Policía por cuenta de los ataques con objetos, insultos y rechiflas que protagonizó un grupo de personas frente al inmueble donde se encontraba el candidato presidencial.
Además de esos hechos, la Farc denunció que el gobierno nacional tardó en girar los dineros que les corresponde por ley para realizar la campaña. Al respecto, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, declaró el pasado 3 de febrero que “la razón por la cual no habían sido girados los recursos se debió a que se presentaron dificultades para la apertura de una cuenta bancaria. Las Farc vienen de la ilegalidad, aparecen relacionados varios de ellos en la Lista Clinton, y por esa razón no se pudo abrir una cuenta hasta la semana pasada, porque hubo que hacer algunas modificaciones en la representación legal del partido”.
Con todo, los candidatos ya se encuentran en correrías políticas en todo el país, reuniéndose con distintos sectores sociales y centrando su actividad proselitista en convocar las bases sociales en las zonas más pobres de áreas rurales y urbanas.
Se trata del primer ejercicio de participación política legal y abierta, sin armas, de los exmilitantes de la que fue la organización insurgente más grande del país, que transcurre en un escenario adverso al que se le suma la lentitud con la que se implementa el Acuerdo Final firmado con el gobierno nacional; las fracturas internas que vive el partido por su falta de flexibilidad y capacidad de renovación; y la reanudación de la confrontación militar con la guerrilla del Eln.

Apuesta nacional

El programa político que impulsan los candidatos de la Farc se llama “De transición, para el cambio y la reconciliación”, presentado públicamente el pasado 27 de enero en el barrio Arborizadora Baja, de la localidad Ciudad Bolívar, de Bogotá. Al evento asistieron cerca de 400 personas, la mayoría de ellas militantes del partido.
En ese escenario, Londoño declaró que “nosotros nos ofrecemos como la opción de organización y unidad de las gentes del común”, y lanzó las diez bases programáticas de la campaña presidencial, que rigen las propuestas a Senado y Cámara: paz, democracia, reconocimiento del papel protagónico de las gentes del común, seguridad humana, modelo económico, solución a los problemas sociales, medio ambiente, construcción social y participativa de los territorios, cultura y educación, y relaciones internacionales.
Algunas de las propuestas son nuevas, otras son desarrollos del Acuerdo Final de paz y algunas más hacen parte de las 100 propuestas mínimas con las que la guerrilla llegó a la mesa de diálogos en La Habana y cuyo pulso perdió durante las negociaciones.
El grueso de las iniciativas consiste en la implementación de aspectos del acuerdo de paz que son imprescindibles para la agenda política de la Farc, así como en la ejecución de reformas institucionales y de política social, cambios en las relaciones internacionales y ampliación de la participación ciudadana.
En cuanto a la implementación del acuerdo de paz, el partido tiene propuestas en todos los puntos. Sobre el primero de ellos, la Reforma Rural Integral, la idea es hacer énfasis en la materialización de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), que están en fase de diseño, y en las medidas encaminadas a la garantía del acceso a la tierra y la formalización de la mediana y la pequeña propiedad. Criselda Cobo, candidata al Senado, opina que “no es posible pensar las ciudades sin el desarrollo del campo, por lo que el punto de reforma rural tiene que ser la prioridad en la agenda legislativa”.
En el tema de la participación, la promesa es sacar adelante la Reforma Política y Electoral que hundió el Congreso en 2017, conseguir el acuerdo político nacional para sacar las armas de la política y hacer efectivas las medidas de protección y seguridad integral para los defensores de derechos humanos y los líderes sociales. También se pretende promover políticas públicas sobre democratización de la información.
En el punto sobre solución al problema de las drogas ilícitas, el partido propone desarrollar con mayor énfasis el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y participar en la “definición e implementación de políticas globales para combatir la industria corporativa transnacional de las drogas ilícitas”. Finalmente, en los puntos de víctimas e implementación, se promete el cumplimiento de los “propósitos y funciones” del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y la inclusión de un capítulo sobre la implementación del acuerdo en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022.
En lo que se refiere a las reformas institucionales, la Farc propone cambios en todas las ramas del poder. En el Legislativo, la idea es tramitar una reforma al Congreso para “ampliar la representación territorial, reducir sus costos de funcionamiento y los salarios para los congresistas y fortalecer la iniciativa parlamentaria”. En el Judicial, la reforma iría encaminada a “superar la ineficiencia y la impunidad, elegir magistrados con mecanismos idóneos, transparentes y democráticos y con veeduría social”. En el Ejecutivo, se pondrían en marcha “medidas extraordinarias para recuperar y reencauzar el proceso de descentralización política, administrativa y fiscal”.
El otro componente grueso del programa son las transformaciones en la política social y el modelo económico. En lo que tiene que ver con la política, la propuesta principal consiste en poner en marcha un “plan de choque social” durante los primeros 100 días del gobierno, para “erradicar” problemas complejos como la desnutrición infantil, el hambre, la “inasistencia básica en salud”, el analfabetismo, el desempleo y la carencia de infraestructura. A ello se suma una propuesta a la que le están dando especial relevancia los candidatos a Senado y Cámara: la entrega de un “ingreso vital de existencia” para adultos mayores en edad de jubilación, personas con discapacidades físicas y personas dedicadas al cuidado.
En lo que sería el largo plazo, la Farc propone la gratuidad de la educación pública en todos sus niveles, así como la creación de un Sistema Único Descentralizado de Seguridad Social en Salud, el fortalecimiento del régimen de pensiones, el acceso universal a los servicios públicos, la construcción y el mejoramiento de vivienda, y la reducción del trabajo informal. En este punto, también se promete la creación de un Plan Nacional de Educación y Cultura para la Paz, además de una medida que afectaría a los planteles privados: la eliminación de “cualquier pretensión de ánimo de lucro en todos los niveles e instituciones educativas del país”. El programa le otorga un papel preponderante al cuidado y la restauración del medio ambiente y al fortalecimiento del arte y la cultura con enfoque territorial y de reconciliación.
En cuanto al modelo económico, contrario a lo que planteó durante la guerra, la Farc asegura que respetaría las economías privadas, aunque fortalecería la regulación estatal de la economía y mantendría su propuesta de siempre de fomentar la producción industrial y agrícola a través de acceso a créditos, asistencia técnica e innovación tecnológica. En el tema minero energético, la propuesta es “superar la actual dependencia frente a la renta petrolera y minera” y endurecer la regulación del sector “a fin de garantizar la sustentabilidad ambiental”. Al respecto, la candidata Cobo asegura que “necesitamos revisar las condiciones estatales a las multinacionales para evitar que se sigan perdiendo nuestros ríos y páramos, así como fortalecer las consultas previas”.
Para poder costear su ambiciosa política social, el partido promete hacerle “ajustes estructurales” a la política tributaria, aumentando los impuestos a las personas naturales que perciban mayores rentas y tengan mayor patrimonio, así como reformar el cobro del IVA para hacer de él un impuesto “equitativo” y de afectación mayor al consumo de bienes suntuarios. El partido también propone obtener más recursos del combate a la evasión, la reestructuración del gasto público y la “erradicación de la corrupción”, que por año deja pérdidas de cerca de 50 billones de pesos, según el contralor general, Edgardo Maya.
Frente a las relaciones internacionales, la Farc le apostaría a la “renegociación” y la “reformulación” de los tratados de libre comercio suscritos por Colombia y contrataría una “auditoría independiente” de la deuda externa. Aparte de esas arriesgadas propuestas, el partido asegura que respetará los compromisos en materia de endeudamiento externo, inversión extranjera y cambio climático, propiciando la integración regional.
Por último, el programa incluye un fuerte componente de participación ciudadana, que abarca el reconocimiento y el estímulo de las formas de democracia directa y participativa, buena parte de ellas creadas por organizaciones sociales en territorios afectados por la guerra. Asimismo, el partido promete brindar “plenas garantías para la movilización y la protesta social” y vincular a las dirigencias regionales y locales en la “definición de la política económica y social del nivel nacional”, así como ampliar la participación ciudadana en el diseño de los Planes de Ordenamiento Territorial.

Apuestas regionales

En el ámbito regional, las propuestas son amplias y variadas, tal como explicaron en diálogo con este portal varios de los candidatos que tendrán asiento en la Cámara de Representantes por la Farc durante el periodo 2018-2022. Estas son sus propuestas y detalles de su paso por la guerra.

El fantasma del comunismo en el siglo XXI

En el imaginario de miles de colombianos aun sigue circulando la idea de los comunistas come niños, fantasía conservadora que en su tiempo contribuyó a desatar la violencia y luego un ataque velado pero respaldado por gran parte de país contra quienes tenían otro proyecto de sociedad.
A puertas de las elecciones en las que se decidirá el futuro a mediano plazo del país me siento realmente abrumada. En las redes sociales y en las conversaciones informales circula una serie de información que en vez de alentar la capacidad crítica de los colombianos para que tomen decisiones con base en argumentos sólidos, contribuye a desinformar y a alimentar los odios. De manera acelerada se fortalecen estereotipos que nos llevaron a una guerra fratricida de décadas.
En pleno siglo XXI, sigue circulando el imaginario de los comunistas come niños, fantasía conservadora que en su tiempo contribuyó a desatar la violencia y luego un ataque velado pero respaldado por gran parte de la sociedad colombiana contra quienes tenían en su proyecto de vida construir una sociedad más equitativa.
La política colombiana siempre ha estado cruzada por las emociones, por eso no sorprende ver seguidores acérrimos de partidos y candidatos que votan por alguien porque siempre han votado por ese partido sin ni siquiera preguntarse por su plan de gobierno. Sin embargo, lo que si abruma y desconcierta es tanto odio e ignorancia que circula en un país de mayoría creyente. Creo que es tiempo de que honestamente reconozcamos que emociones nos ligan con quienes representan la política y que evaluemos si mantenernos aferrados a esas emociones abona o no a la construcción de paz.
También vale la pena preguntarse cómo han surgido esas emociones, quiénes las han cultivado y por qué. Así como sorprendió que zonas como Bojayá votaran por el Si en el Plebiscito, sorprende que se encuentren personas que no han sido víctimas directas entre quienes más incentivan una política cotidiana del odio. Al mismo tiempo duele la indiferencia social con las víctimas del Estado y el paramilitarismo como si fueran ciudadanos de segunda categoría que merecían morir.
He escuchado frases como: “para que no suba la izquierda hay que votar por la derecha,” sin detenerse a pensar si ese segmento del espectro político no ha sido responsable de gran parte de las masacres, las torturas, las desapariciones, violaciones y asesinatos, y si con ellos no tuviéramos también una responsabilidad ética de solidaridad con su dolor. ¡Esta coyuntura dice tanto de este país! Nos habla de una sociedad que no escucha, que se construye a base de mentira, que no sabe debatir políticamente y que no respeta al que imagina que hay otras formas de organizar la sociedad desde la vía democrática. Nos habla de una sociedad que quiere justicia, y que tiene entre sus más grandes retos construir colectivamente que entiende por eso.
Se ha naturalizado hacer del otro un estereotipo, insultar, mentir y agredir. ¿Qué tipo de decisiones pueden tomarse cuando el odio está de por medio, así como el caricaturesco fantasma del castro chavismo? Hablando seriamente, ¿son Humberto de la Calle o Santos castro chavistas? Afirmar eso es ignorancia e indolencia con el futuro del país. Evidentemente producto de una guerra tan prolongada y degradada, las FARC no tienen posibilidad de ganar las elecciones presidenciales, y sin embargo ese es uno de los mayores miedos que se incentivan.
Tampoco creo que la solución de Colombia sea el castro chavismo, y que alguna propuesta de gobierno la represente. Considero que el mejor ejercicio democrático y pedagógico que podemos hacer hoy en Colombia es ir directamente a la fuente y leer todos los programas políticos. Informarnos y no permitir que nos desinformen. Como dice un filósofo afroamericano, Lewis Gordon, lo que más se teme en la vida política de nuestras naciones es un público informado. Sentémonos a examinar que dice cada candidato, si corresponde o no con las necesidades que tenemos, a quién beneficia, si es realizable o es simplemente demagogia. Hagamos un compromiso con detener la guerra, y abramos el espectro senti-pensante para concebir que el otro tiene derecho a existir, y que es preferible que lo haga en la democracia y no a través de las armas.
Imaginemos que podemos al menos intentar vivir juntos sin violentarnos, y exijamos a los políticos que no nos mientan y que no sigan alimentando el espiral de violencia. La emoción que debería mover nuestra decisión de votar en las elecciones que vienen es la esperanza realista. Re-organicemos la esperanza. Creamos que es posible un cambio que favorezca las mayorías. Creamos que podemos vivir sin matarnos física y simbólicamente. Hagámoslo con realismo, conscientes de los profundos problemas de desigualdad que tiene este país, de la extrema polarización que hoy nos cruza, y del gran reto que significa la construcción de una paz transformadora.

Artículo tomado de https://colombia2020.elespectador.com/opinion/el-fantasma-del-comunismo-en-el-siglo-xxi

Los compadres Olvido y Violencia

En nuestra vereda, ubicada al nororiente de Colombia, existe un par de personajes molestos y que a muchos nos incomodan. Hablo de los compadres Olvido y Violencia, un matrimonio para nada santo. Todos los llamamos así, “compadres”, porque los conocemos de hace tiempo, aunque no nos guste su compañía.
Voy a compartir con ustedes algunos recuerdos para que entiendan por qué tengo un profundo  temor por los compadres Olvido y Violencia. Hace tiempo, esta pareja se encargó de molestar a nuestros hijos. Luego de escuchar sus consejos y gritos, los niños no quisieron volver a estudiar: “que para qué leer y conocer la realidad en la que viven; que la historia no sirve para nada; que la ciencia es una pérdida de tiempo; que lo importante es el dinero fácil y rápido”, todo eso les dijeron.
Al principio nuestros hijos no los escucharon, se resistieron, pero luego a este par se les unió un compinche, el compadre Centralismo. Nunca más volvieron a llegar los refrigerios, ni los maestros, ni las cartillas para estudiar.
Llamamos al compadre Gobierno, que hace cuatro años prometió que nunca nos abandonaría y que siempre iba a estar pendiente de los estudiantes. Cuando le comenté lo que estaba pasando, se empezó a cortar la comunicación, parece que desde entonces se le dañó el celular, porque nunca contesta mis llamadas. Con las barriguitas vacías y el temor de presenciar los espectáculos de la comadre Violencia (es que hay que escuchar cómo resuenan sus gritos), nuestros hijos no volvieron a estudiar, algunos apenas aprendieron a leer.
Los compadres tienen un hijo que se ha ido ganando el corazón de muchos en la vereda, de cariño varios cercanos  le dicen ‘primo Rencor’. A ratos se ve a toda la familia practicando maldades. Por ejemplo, entre los tres empezaron a difundir rumores sobre el sacerdote del pueblo. Lo cogieron entre ojos porque era joven y después del evangelio hablaba de las cooperativas, del trabajo en equipo, de la equidad, del amor de cristo por los demás, pero, sobre todo, porque pedía respetar el quinto mandamiento: no matarás. Una noche se armó una gran correría: esta familia lo visitó y nadie lo volvió a ver.
En otra oportunidad, a 10 minutos de la vereda, unos campesinos colonos estaban exigiendo la legalización de sus predios. Los patrones, Mariano Miseria y Laureano Oportunismo, llamaron de inmediato a ese par para que los ayudaran con ese problema. Los compadres ViolenciaOlvido, estrategas en su proceder, esperaron a que regresaran a sus casas, porque dispersos y junto a sus familias era mucho más fácil doblegarlos. Así fue como en la madrugada visitaron uno a uno a los trabajadores. Fue tan efectiva la estrategia que la mitad no volvió a trabajar nunca más en ningún otro lugar.
Hablando con los más viejos de la vereda, me contaron que la comadre Violencia viene de una familia longeva. Su abuela se llamaba Desigualdad y su abuelo Egoísmo. Su mamá llevaba el mismo nombre: Violencia. La comadre Violencia que nos atormenta hoy nació en los años 30 del siglo XX. Según cuenta mi vecina, tuvo muchos padres renombrados que quisieron darle el apellido: el doctor Acaparamiento Terreros, don Evaristo Avaricia, el siempre metiche Egoísmo Gómez Castro (de ese sí que he escuchado hablar mucho, que dizque sí que dio lata tiempo después, unos dicen que era un matón de cuello blanco, otros afirman que por su culpa es que vivimos este drama). Su mamá dijo que cualquiera de ellos tres podría ser el padre de la Violencia que había nacido.
El compadre Olvido es más difícil de descifrar. Perteneciente a la rancia alcurnia de vieja data, también lleva el nombre de su tátara abuelo, el general Olvido Plata, quien luchó contra las tropas que buscaron la independencia en el siglo XIX. El primer Olvido buscó una y otra vez que los patriotas no recordaran lo que les había sucedido a los comuneros, a Francisco José de Caldas, al militar Antonio Villavicencio, y a todos los otros. Y aún después de libertados los territorios nacionales, los seguidores y descendientes de Olvido Plata seguía dando lata. El gran general Francisco de Paula Santander pensó que una forma de menguar los estragos de Olvido era crear la Universidad Central, pero no fue suficiente, ya que Plata dejó su semilla. Ahora su descendiente directo, que lleva el mismo nombre, el compadre Olvido, germina con más fuerza en las zonas rurales del país.
Mi vecina, doña Sixta, lleva mucho más viviendo por estas tierras y me cuenta que desde ‘guámbitos’ conoce a los compadres Olvido y Violencia, dice que tienen una buena salud, aunque sean realmente unos adefesios, y que los ha visto enfermos pocas veces, “pero cuando caen en cama, lo hacen de muerte”. A pesar de que no se acuerda de fechas exactas, sí recuerda los hechos que suceden los días en que ellos enferman, como cuando se creó la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) o cuando grupos armados ilegales como el M-19, EPL y el Movimiento Armado Quintín Lame se desmovilizaron y pasaron a la contienda política.
La más reciente recaída de los compadres fue el año pasado. Doña Sixta dice que se acuerda mucho porque estaba escuchando las noticias en la radio y los locutores contaron que la guerrilla de Marulanda firmaba un acuerdo de paz en Cuba. “Es impresionante ver cuando se enferman los compadres Olvido y Violencia, parecen dejar este mundo en medio de retorcijones. Yo le subo a la radio para no escucharlos, pero nada, siguen así”, enfatiza doña Sixta.
Por aquí nadie los extraña, y es que ellos viajan mucho. Un día los escuché ufanándose de que conocían muchos lugares de Colombia por los que iban y venían constantemente. Doña Margarita, otra vecina, dice que se fueron al suroccidente del país, invitados por su amigo, Impunidad Perpetua. Después escuché en la radio que habían matado a un amigo mío, de esa región,  Temístocles Machado, un líder social. Yo sigo llamando al compadre Gobierno, pero nunca contesta.

Artículo tomado de 
https://colombia2020.elespectador.com/opinion/los-compadres-olvido-y-violencia

Hip hop contra la violencia: Sisimico

Jhon Pereira, cantante y líder de la comunidad hip hop, canta desde el estudio de grabación de la casa de la cultura del barrio Libertadores, al sur de Bogotá. En ese espacio. hace unos años, estaban ubicados los calabozos de la estación de Policía.




Video tomado de https://colombia2020.elespectador.com/pais/hip-hop-contra-la-violencia-sisimico


Fiesta de sangre: así fue la masacre de El Salado




Gestos que matan o salvan vidas






Rodrigo Uprimny Yepes
    ruprimny@dejusticia.org

Estamos entrando a un periodo electoral turbulento y peligroso. Nuestros líderes políticos tienen una responsabilidad moral y política enorme, que no pueden eludir.

En sociedades divididas, hay palabras y gestos que incrementan los odios y desembocan en violencias, a veces letales y masivas. Las palabras a veces matan. Pero en esas mismas sociedades divididas, las personas, y en especial los líderes, pueden decir cosas y realizar gestos que, sin desconocer las diferencias, tiendan puentes de humanidad entre los bandos enfrentados, con lo cual reducen las enemistades y evitan violencias letales y masivas. Las palabras a veces salvan vidas.
En Colombia existen muchos casos de palabras y gestos que han provocado violencias terribles. Recordemos por ejemplo a monseñor Builes, obispo de Santa Rosa de Osos, quien desde los años 40 atizó los odios contra los liberales y los comunistas e invitó a los católicos a combatirlos “hasta la última gota de sangre”, con lo cual alimentó las terribles violencias de ese período.
Infortunadamente el caso de Builes no es único. En otros momentos y otras regiones, otros personajes han alimentado también con sus palabras y sus gestos nuestros odios y violencias. Basta tomar en cuenta las recientes declaraciones y gestos guerreros del Eln frente a un país que clama por salir de la guerra residual que persiste con este grupo. Es más, esa tradición de violencia sectaria ha sido tan larga y amplia y ha sido tan cuidadosamente documentada que a veces los colombianos creemos que es la esencia de nuestra nacionalidad. Pero no es así: al lado de esa innegable historia de enfrentamientos sectarios violentos, los colombianos hemos logrado desarrollar experiencias extraordinarias de convivencia democrática y de acercamiento entre rivales, incluso en condiciones muy difíciles.
Una de esas experiencias notables es la del municipio de Aguadas, en Caldas, que fue documentada por Paul Oquist en su tesis doctoral sobre la violencia de los 50, luego publicada como libro (Violencia, conflicto y política en Colombia). Este caso es extraordinario porque Aguadas fue una especie de isla de paz en una región de violencia muy intensa en esos años: el norte de Caldas y el sur de Antioquia. ¿Qué pudo explicar esta paz en Aguadas? La respuesta de Oquist parece tan de ficción que cuando la comenté a uno de mis hijos no me creyó y sólo la aceptó después de leer el texto de Oquist.
El misterio de Aguadas residió en que las élites locales conservadora y liberal hicieron esfuerzos consistentes en esos años por conservar un entendimiento democrático en el municipio, a pesar de la violencia bipartidista que existía en gran parte del país y en la región circundante, para lo cual, cuenta Oquist, “renovaban periódicamente su alianza mutua en reuniones ceremoniosas efectuadas en la plaza pública y ante gran concurrencia”. Las ceremonias y los gestos de esas élites de Aguadas le evitaron así a ese municipio el terror que vivieron sus vecinos.
La experiencia de paz de Aguadas es notable, pero no es única. En esa época otras regiones, como la costa Atlántica o Nariño, lograron igualmente escapar a la violencia por entendimientos semejantes de sus élites locales. Y en otros períodos hemos tenido igualmente élites locales o nacionales que han logrado gestos y palabras que han salvado vidas.
Estamos entrando a un periodo electoral turbulento y peligroso. Todos nosotros, pero especialmente los líderes políticos, tenemos una responsabilidad moral y política enorme, que no podemos eludir: tenemos que decidir si atizamos los odios, con palabras y gestos polarizantes, semejantes a los de monseñor Builes, lo cual podría desembocar en violencias terribles. O si optamos por el ejemplo pacificador de los líderes locales de Aguadas, cuyos gestos y palabras salvaron muchas vidas.

En el Alto Sinú, implementación de acuerdos con las Farc está en riesgo

En la región que otrora fuera fortín de los frentes 5, 18 y 58 de esa guerrilla avanzan las llamadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc). Su presencia genera una zozobra más que justificada por cuenta de recientes asesinatos cometidos en Tierralta, Córdoba. Se trata de una amenaza seria para concretar lo pactado con ese grupo insurgente, convertido en movimiento político. Pero no es la única.
El Alto Sinú parece estar condenado a una violencia perpetua, pues el Estado ha sido incapaz de contenerla. Ni el proceso de paz a comienzos de la década del noventa con la guerrilla del Epl, que prácticamente fue “Dios y Ley” en esta región; ni la posterior desmovilización colectiva a mediados del dos mil de los bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), que sometieron a sangre y fuego pueblos enteros en Tierralta y Valencia; ni la reciente dejación de armas de las Farc, que por más de 30 años convirtió el Nudo de Paramillo en un fortín militar inexpugnable, han logrado llevar paz y tranquilidad a esta exuberante y productiva región cordobesa.
El nuevo protagonista de la nueva ola de violencia que atemoriza a comunidades campesinas e indígenas, líderes y organizaciones sociales, y que busca prolongar la historia de conflicto armado en el Alto Sinú, son las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc), llamadas por el gobierno nacional como ‘Clan del Golfo’.
Según denuncias recopiladas por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo y consignadas en la más reciente Informe de Inminencia, el 0058-18 del pasado 14 de enero, hombres armados provenientes del Urabá antioqueño fortalecieron la presencia ‘gaitanista’ en la región, quienes ahora patrullan en grupos de 15 a 30 combatientes vestidos de camuflado y portando armas largas por las veredas, poblados y caseríos de Tierralta y Valencia, áreas que, en el pasado, estuvieron bajo el dominio de los frentes 5, 18 y 58 de las Farc.
A este grupo también se habrían unido excombatientes y algunos excomandantes de las Farc que no se sumaron al proceso de paz y que, según los reportes de la Defensoría, hoy estarían como jefes de las estructuras armadas que intentan controlar militar y socialmente un corredor estratégico que va desde los municipios de Puerto Libertador y Montelíbano; pasa por San José de Uré, el Bajo Cauca antioqueño; y se extiende hasta las localidades de Canalete, Los Córdobas, Puerto Escondido, Moñitos, San Bernardo del Viento hasta llegar al Golfo de Urabá.
“Las Agc, denominados por las autoridades ‘Clan del golfo’, es el principal responsable de la violencia ejercida contra la población civil en el municipio de Tierralta. Luego de la dejación de armas por parte de las Farc, las Agc iniciaron un proceso de expansión territorial y consolidación que les ha permitido constituirse en el actor armado ilegal que ejerce el monopolio de la criminalidad en el departamento de Córdoba”, reseñó el SAT de la Defensoría en su Informe.
Al parecer, hombres de las Agc serían los responsables del múltiple homicidio registrado el 3 de enero en la comunidad indígena de Antadó, donde fueron asesinados Lucio Antonio Vásquez, John Esteban Rodríguez y Diego Armando Tapias. De acuerdo con las denuncias recibidas por la Defensoría del Pueblo, ese mismo día los ‘gaitanistas’ habrían asesinado e incinerado los cuerpos de otras tres personas en la vía que comunica esta localidad con la vereda Santa Isabel del Manso.
Previo a este atroz crimen se registró otro hecho que generó zozobra entre los habitantes de la vereda La Ossa, de Tierralta. El 22 de diciembre del año pasado, familiares de Guillermo Javier Artuz Tordecilla, dirigente comunitario y vicepresidente de la Asociación Campesina de Productores Progresistas de la vereda La Ossa, Ascaprodesa, denunciaron su desaparición luego que saliera al parque principal de Tierralta a cumplir una cita.
Su cuerpo sin vida y con múltiples heridas de arma blanca fue hallado dos días después a orillas del río Sinú, en la vereda Chapinero. El hecho generó el desplazamiento forzado de toda su familia luego que denunciaran haber recibido mensajes en los que les advertían que atentarían contra sus vidas si colaboraban con las autoridades judiciales y de Policía.
Dos días antes del asesinato de Artuz Tordecilla, hombres armados detuvieron un vehículo de transporte público en el sitio La Canturrona, en la vía que comunica a Carepa, Urabá antioqueño, con la vereda El Cerro del corregimiento Saiza, de Tierralta. Allí obligaron a descender al señor Gonzalo Antonio Martínez, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Pechindé, de Saiza, y se lo llevaron con rumbo desconocido.
Horas más tarde, el cuerpo sin vida de Martínez fue encontrado en el sitio conocido como Piedras Blancas, del municipio de Carepa. La víctima había sido acreditada como miliciano externo del Frente 5 de las Farc por parte la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.
El SAT de la Defensoría también consignó en su más reciente alerta el desplazamiento forzado de 704 familias de las comunidades Junkaradó, Karakaradó, Wido y Cachichí pertenecientes al pueblo Emberá Katío, que tuvo lugar el 19 de noviembre de 2017 luego de intensos combates entre ‘gaitanistas’ y efectivos de la fuerza pública adscritos a la operación Agamenón II. Si bien los indígenas ya retornaron a sus lugares de origen, persiste la zozobra en la región por el avance de las Agc.

Denuncias reiteradas

La demora en la implementación en los planes de reinserción y el avance de las Agc llevó a los miembros de las Farc concentrados en el ETCR de Gallo a desplazarse hacia el municipio de Mutatá, Urabá antioqueño. Foto: Ricardo León Cruz B.
No es la primera vez que el SAT de la Defensoría del Pueblo advierte sobre el riesgo en que se encuentran las comunidades del Alto Sinú. En su Informe de Riesgo 037-16 de Inminencia del 23 de noviembre de 2016, llamó la atención de las autoridades civiles y de Policía sobre la expansión ‘gaitanista’ y el peligro que ello representaba para líderes sociales, dirigentes indígenas, integrantes de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba (Ascsucor), la Asociación Campesina del Alto Sinú (Asodecas) y los habitantes de aquellos territorios que durante años estuvieron bajo dominio de las Farc.

Las advertencias comenzaron a hacerse realidad el 10 de enero de 2017, cuando hombres armados retuvieron y posteriormente asesinaron en el corregimiento de Saiza a José Yimer Cartagena, vicepresidente de la Asociación Campesina del Alto Sinú (Asodecas), integrante del movimiento político Marcha Patriótica y uno de los líderes que venía realizando pedagogía sobre los acuerdos de paz en el Alto Sinú. 
En julio de 2017, a través de Informe de Riesgo 029-17, el SAT reiteró nuevamente las condiciones de riesgo en que se encontraban los dirigentes sociales, indígenas y campesinos del Alto Sinú debido al crecimiento y fortalecimiento de las Agc, justo después de la concentración de los miembros de las Farc en la Zona Veredal Transitoria de Normalización (ZVTN) de Gallo para su dejación de armas.
En ese informe, la agencia del Ministerio Público consignó que las “Agc mantienen su accionar violento en el área urbana de Tierralta, cabeceras corregimentales, vías interveredales y planchones sobre el río Sinú. Además, desde finales de 2016, han iniciado su expansión hacia el Nudo del Paramillo y su zona de amortiguamiento. También al interior del Resguardo Embera Katío del Alto Sinú, cuenca del río Manso y los corregimientos Crucito, Saiza y zonas adicionales como Palmira, Frasquillo y El Águila Batatas, donde la población civil está expuesta a accidentes con minas antipersonal, restricciones a la movilidad, utilización de civiles como ‘informantes’, control social basado en la intimidación, la amenaza, el homicidio de sus líderes y el desplazamiento forzado”.
De acuerdo con el SAT, este grupo armado dio muestras de poder, de capacidad de daño y de desafío a la institucionalidad con el denominado ‘Plan Pistola’, dirigido contra miembros de la Fuerza Pública durante todo el segundo semestre de 2017. En el departamento de Córdoba cobró la vida de tres agentes de Policía.
Los análisis del SAT apuntan a que el interés de los ‘gaitanistas’ por controlar esta vasta región no es otro que hacerse con el monopolio de las rentas de actividades económicas ilegales como la extorsión y el microtráfico, así como toda la cadena productiva del narcotráfico: desde la siembra de la hoja de coca hasta su transformación en clorhidrato de cocaína. En este aspecto, el Parque Nacional Natural Paramillo, así como la montañosa geografía de la región, atravesada por tres serranías (Abibe, Ayapel y San Jorge), la convierten en una zona apetecida por los grupos armados ilegales para el desarrollo de sus negocios ilegales.
En los últimos tres años, el Alto Sinú, y en particular todo el departamento de Córdoba, ha experimentado un aumento sostenido en las áreas sembradas con hoja de coca para uso ilíito. Según las mediciones realizadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc), en 2014 se detectaron 560 hectáreas; en 2015 fueron monitoreadas 1.363; y en 2016 se registraron 2.668 hectáreas, lo que representa un incremento del 98 por ciento.
A lo anterior se suma que durante las jornadas de firma de acuerdos colectivos en el marco del Plan Nacional de Sustitución Voluntaria de Cultivos Ilícitos (Pnis), realizadas en abril de 2017, los líderes de 103 veredas, conformadas por poco más de 4.700 familias, reportaron unas 3.700 hectáreas sembradas con hoja de coca, de las cuales, unas 1.370 se encuentran en el Parque Nacional Natural Paramillo. De certificarse dicha cifra, el registro en Córdoba superaría las cuatro mil hectáreas.

Implementación traumática

La expansión de las Agc en el Alto Sinú se ha convertido en uno de los principales obstáculos para la implementación de los Acuerdos de Paz firmados con la guerrilla de las Farc el 24 de noviembre de 2016 en Bogotá. Los campesinos cocaleros que decidieron acogerse a la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos temen por las retaliaciones que pueda realizar este grupo armado contra ellos. “No sabemos qué pueda pasar después de las inscripciones individuales y cuando comiencen a realizar los pagos”, dijo Luis Suárez, integrante de la Asociación Campesina del Alto Sinú (Asodecas).
Al respecto, el SAT de la Defensoría consignó en su Informe de Riesgo 029-17 de julio del año anterior cómo dos dirigentes de la Asociación de Juntas de Acción Comunal de Tierralta (Asocomunal) recibieron amenazas en abril del año pasado, luego que se negaran a asistir a una reunión clandestina convocada, al parecer, por propietarios de grandes cultivos de hoja de coca y miembros de las Agc, quienes se oponen a la sustitución voluntaria en el Nudo de Paramillo y el sur de Córdoba.
“La amenaza también se extiende a miembros de juntas de acción comunal de los corregimientos donde se ubican cultivos de coca; a líderes indígenas; a miembros de la Asociación Campesina Para el Desarrollo del Alto Sinú, (Asodecas); a delegados de la Asociación de Zonas de Reservas Campesinas, Anzorc, que han apoyado abiertamente la generación de espacios de interlocución para la socialización e implementación de la política de sustitución de cultivos de coca en el departamento”, se lee en el Informe del SAT de la Defensoría.
Si bien Suárez admitió que el riesgo en el que se encuentran los integrantes de Asodecas y otras organizaciones sociales del Alto Sinú es real, también precisó que esa no es la única dificultad para la implementación de los Acuerdos de Paz en esta región: “Los campesinos acá quieren sustituir los cultivos ilícitos pero, ¿dónde vamos a implementar los proyectos productivos?, ¿dónde vamos a acceder a tierras como lo plantea el punto uno del Acuerdo (sobre reforma agraria), si más de 45 veredas de Tierralta están al interior del Parque Nacional Natural Paramillo o en zonas de Ley Segunda (que decreta áreas de reserva forestal, por ende, no susceptibles de explotación campesina)? Por eso es que aquí la implementación no avanza”.
Se trata de un problema tan antiguo como la misma guerra en el Alto Sinú. En 1977, el Ministerio de Agricultura, mediante Resolución 163, aprobó el Acuerdo 024 del 2 de mayo del mismo año, emitido por el desaparecido Instituto Nacional de los Recursos Naturales Renovables y del Ambiente (Inderena), que reservó 460 mil hectáreas para conformar el Parque Nacional Natural Paramillo, integrado por áreas de los municipios antioqueños de Peque, Dabeiba e Ituango, y lo cordobeses de Montelíbano y Tierralta.
La Resolución consignó, en su artículo segundo, la prohibición expresa de “cualquier actividad diferente a las de conservación, investigación, educación, recreación, cultura, recuperación y control y en especial la adjudicación de baldíos”. Sin embargo, la orden ministerial no resolvió qué hacer con cientos de comunidades campesinas que, al momento de creación del parque, ya habitaban allí. (Ver más en: El Paramillo, un nudo difícil de deshacer)
Como el Parque, y en general todo el Alto Sinú, ha sido un escenario permanente de guerra, avanzar en soluciones permanentes que beneficien al campesinado y favorezcan la conservación del parque ha sido una tarea más que colosal.
Una de las tareas que el conflicto armado ha truncado en varias oportunidades es la elaboración de un censo que permita saber cuántas familias viven en el Parque. “Este año esperamos avanzar lo suficiente con la caracterización”, le dijo a este portal Carolina Jarro, subdirectora de Gestión y Manejo de Parques Nacionales Naturales de Colombia, quien confió, además, en que este año, cuando se pongan en marcha iniciativas como los Planes de Desarrollo con Enfoque Diferencial (PDET), pactados con las Farc, se logre avanzar en soluciones concretas.
“El Alto Sinú está en de las regiones priorizadas dentro de los PDET y esperamos que esa herramienta nos ayude a agilizar temas de desarrollo rural y de reasentamiento de población campesina al interior del Parque”, afirmó Jarro, y agregó que “el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto plantea acuerdos diferenciales en los Parques Nacionales (…) por ejemplo, en el Paramillo no podemos hablar de sustitución de cultivos ilícitos, sino más bien de erradicación concertada”.
Actualmente, Parques Nacionales Naturales viene trabajando conjuntamente con la Agencia de Sustitución de Cultivos Ilícitos para avanzar en la erradicación de hoja de coca sembrada en las zonas protegidas del país, entre ellas el Paramillo, que junto con el Parque Nacional Natural Sierra La Macarena y la Reserva Nacional Natural Nukak, son los parques naturales con mayor presencia de cultivos de uso ilícito.
“Ya hemos sostenido reuniones con las comunidades campesinas sobre cómo solucionar el tema del reasentamiento. No ha sido un diálogo fácil porque los campesinos piden tierra, piden ganado y eso no es posible. Estamos hablando de una zona donde nacen buena parte de las fuentes hídricas de la Costa Caribe y que debe ser conservada. Por eso se han planteado algunas figuras como los ‘guardaparques’, que ayuden a la restauración y conservación del Parque”, explicó la funcionaria.
Para avanzar en las soluciones que demandan las comunidades campesinas e indígenas que habitan el Parque es necesario que las autoridades civiles y de Policía tomen cartas en el asunto frente a la expansión de las Agc, una amenaza seria para la seguridad de los pobladores de esta vasta región, quienes anhelan vivir en paz.

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