¿Cómo reformar exitosamente la justicia?

La crisis es acuciante pero no es nueva – y sin embargo han fallado todos los intentos para resolverla-. Hay tres mecanismos para reformar la justicia: acto legislativo, referendo y asamblea constituyente. ¿Cuál es el más adecuado?

Juan Manuel Charry*

Yo te juzgo y tú me juzgas

Los constituyentes de 1991 creyeron ingenuamente que los magistrados podían dignificar la política y por eso permitieron la intervención de los magistrados en la elección de altos cargos del Estado y en los controles sobre los congresistas. Pero ocurrió lo contrario: la política pervirtió la justicia.

En la Constituyente no solo se dieron a los jueces funciones de control y juzgamiento de los congresistas, sino que el control político de los magistrados se dejó a cargo del Congreso por medio de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes y el juzgamiento en el Senado. El resultado de esto es una mutua competencia de control entre magistrados y congresistas: yo te juzgo y tú me juzgas.

El pulso entre ambos poderes lo ganó la rama Judicial en 1993, cuando equivocadamente el Congreso citó a los consejeros de Estado a indagatoria por el proceso de pérdida de investidura del senador Samuel Alberto Escrucería y el presidente de la corporación judicial, Guillermo Chaín Lizcano, con voz entrecortada declaró: “buscan aniquilarnos moralmente”.

De ahí en adelante se ha juzgado a decenas de congresistas por muy diversas razones, desde conflictos de interés hasta vínculos con paramilitares, mientras los magistrados no han estado sometidos a controles efectivos –con la excepción del caso Pretelt– y han utilizado sus influencias para pasar de una corporación a otra gracias a la llamada puerta giratoria.

Además de eso colocan a sus esposas, parientes y amigos en otros organismos judiciales o de control, aceptan invitaciones de subalternos que aspiran a ser elegidos en una corporación y ahora también son sindicados por recibir sobornos o extorsionar a congresistas con la amenaza de continuar investigaciones judiciales.

Sin duda estamos presenciando una de las más profundas crisis de la justicia de los últimos tiempos.

El dilema

Asamblea Nacional Constituyente de 1991.  Foto: Centro de Memoria

Si el sistema constitucional está mal porque los congresistas controlan a los magistrados y viceversa, entonces ¿quién y cómo debe adelantar la reforma que la administración de justicia requiere?

El sistema constitucional está mal porque los congresistas controlan a los magistrados y viceversa.

De las tres vías que ofrece la Constitución para llevar a cabo una reforma debe descartarse la expedición de un acto legislativo del Congreso, pues este es parte interesada y susceptible a las presiones de los magistrados, como se observó durante el trámite de la reforma a la justicia de 2012, que se hundió en medio de escándalos. Igualmente, aunque el Acto Legislativo de Equilibrio de Poderes (2015) modificó algunos puntos neurálgicos y estableció el Tribunal de Aforados, la Corte Constitucional bloqueó el control a los magistrados al declarar inconstitucional dicho Tribunal.

Así las cosas, solo quedan las opciones del referendo constitucional y la asamblea constituyente previstas en los artículos 378 y 376 de la Constitución.

Inconvenientes del referendo

Los mecanismos de participación ciudadana han sido ineficientes y marginales, en gran parte debido al exceso reglamentario de la Ley 134 de 1994 y, más tarde, de la Ley 1757 de 2015. No ha habido consultas populares nacionales, no han prosperado las revocatorias de mandato, algunas pocas consultas populares han culminado con éxito y en el único plebiscito ganó el No con efectos inciertos.

El único referendo no fallido fue el del comienzo del primer período de gobierno Uribe. En ese caso apenas se superó el umbral y se aprobó una de las quince preguntas a pesar de que fue un referendo promovido por un presidente elegido con mayoría absoluta de votos y con un amplio respaldo de la opinión pública.

Ahora bien, el referendo consiste en proponer a los ciudadanos unos textos de normas constitucionales para su aprobación, lo cual implica poner a su consideración  normas  jurídicas de cierta complejidad y con enunciación técnica. Para el caso de la reforma a la justicia se tendrían que estudiar disposiciones relacionadas con:

• Los controles disciplinarios y penales de los magistrados de las altas corporaciones judiciales;
• Las normas para su elección;
• El régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflictos de interés;
• La supresión de funciones electorales, y
• El traslado de dichas funciones a otros órganos del Estado.

En consecuencia, el elector tendría que pronunciarse, al menos, acerca de cinco o seis artículos constitucionales, con las dificultades que esto conlleva. Además, en caso de que se aprobara parcialmente el referendo se rompería la unidad de la propuesta y podrían ser excluidos aspectos esenciales o aprobadas nuevas disposiciones inconexas con el resto del proyecto. Lo anterior debido a que según la jurisprudencia de la Corte Constitucional cada artículo es una pregunta y cada una de estas un referendo.

Adicionalmente, el referendo debe superar el umbral del 25 por ciento del censo electoral –aproximadamente nueve millones de votos– y obtener la mitad más uno de votos favorables. Esta no sería una tarea fácil si se tiene en cuenta que en el plebiscito por la paz participaron menos de 6,5 millones de personas.

Como si lo anterior fuera poco, también debe tenerse en cuenta que el trámite de la iniciativa requiere de una ley con mayoría absoluta en ambas cámaras sujeta a control por parte de la Corte Constitucional y una convocatoria a elecciones. Todo esto puede tomar de dieciocho a veinte meses. En esas condiciones, la ley se tramitaría al final del actual gobierno, pero el referendo se convocaría bajo el próximo gobierno, hacia 2019.

En síntesis, la propuesta del procurador Fernando Carrillo, de convocar un referendo constitucional para reformar la justicia probablemente sería un fracaso que se sumaría al hundimiento de la reforma a la justicia de 2012 y a la declaración de inconstitucionalidad del Tribunal de Aforados del Acto Legislativo de Equilibrio de Poderes.

Ventajas de la constituyente

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.   Foto: Corte Suprema de Justicia

La asamblea constituyente es la única vía de reforma de la Constitución que no se ha utilizado desde su creación en 1991. Esto puede ser una desventaja. Sin embargo se trata de un órgano convocado mediante ley aprobada por mayorías absolutas con control de constitucionalidad, con agenda cerrada, elegida popularmente al menos por la tercera parte del censo electoral –aproximadamente 12 millones de votos– y cuyo acto de reforma también es objeto de control.

Los mecanismos de participación ciudadana han sido ineficientes y marginales.

Es cierto que el umbral electoral es muy alto, pero este le da a la asamblea una gran legitimidad política. Debe ser convocada por un nuevo gobierno que la haya propuesto en su programa y que se beneficie del impulso de la primera etapa de ejecución. Además, puede ser conformada por personas conocedoras y expertas en la materia elegidas después de haber establecido un régimen de inhabilidades e incompatibilidades que garantice su plena independencia respecto de la rama Judicial. Así las cosas, la asamblea estaría en una posición muy diferente de la del Congreso en relación con los magistrados.

No se trata de abrir una caja de pandora de donde puedan salir reformas inesperadas, como el restablecimiento de la reelección presidencial o el desconocimiento del acuerdo con las FARC. No existen riesgos de esa magnitud, como algunos han querido hacerlo creer.

La asamblea constituyente prevista en la Constitución de 1991 no se puede asemejar a aquella que le dio su origen: tiene controles tanto de entrada como de salida, y la Corte Constitucional revisa la ley de convocatoria así como el acto de reforma. Además, conforme a la jurisprudencia de esa corporación, no se le podría aplicar la tesis de sustitución de la Constitución, con lo cual se impedirían posibles bloqueos a reformas como la del Tribunal de Aforados.

Tampoco se trata de una formula expedita. Desde el momento de la convocatoria hasta la expedición de la reforma pueden pasar entre dieciocho y veinticuatro meses. No obstante, lo cierto es que la justicia colapsó, y la situación amerita procedimientos extraordinarios y reformas profundas, coherentes y técnicas que solo se pueden lograr mediante una asamblea constituyente.

*Abogado constitucionalista, exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario. jcharry@charrymosquera.com.co

artículo tomado dehttps://www.razonpublica.com/index.php/politica-y-gobierno-temas-27/10556-c%C3%B3mo-reformar-exitosamente-la-justicia.html

La unidad de la esperanza

Nelson Camilo Sánchez León

csanchez@dejusticia.org

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas se ha convertido en una luz de esperanza para las más de 60.000 familias que llevan consigo la diaria tortura de la desaparición forzada: la espera impotente por pistas sobre el paradero del ser querido.

Dentro de ese fanatismo que tenemos en Colombia por los pleitos judiciales, la atención pública de las medidas del proceso de paz se ha concentrado en la justicia especial de paz. El show se lo han robado las togas, en detrimento de otras instituciones que, por su novedad y especialidad, podrían ser cruciales para esclarecer esa barahúnda que nos dejan cinco décadas de violencia.

Quiero referirme aquí especialmente a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), que se ha convertido en una luz de esperanza para las más de 60.000 familias que llevan consigo la diaria tortura que apareja la desaparición forzada: la espera impotente por pistas sobre el paradero del ser querido.

Como ha reportado el Centro Nacional de Memoria Histórica, la desaparición en Colombia ha sido masiva, extendida regional y geográficamente, y cometida por todos los grupos que han usado armas. Además, las instituciones estatales, incluyendo las de justicia, tienen una enorme deuda con estas personas y sus familias. Encontrar a las personas desaparecidas ha sido la excepción. Así como excepcionales han sido los casos en donde se han procesado a los responsables de los hechos: menos de 200 sentencias.

La UBPD se convierte en una esperanza pues complementa los esfuerzos que hace la justicia ordinaria (y que hará la justicia de paz) a través de acciones humanitarias y extrajudiciales de búsqueda. La idea es sencilla pero novedosa: una entidad exclusivamente humanitaria encargada de encontrar a las personas dadas por desaparecidas, sin que para eso tenga que previamente determinar si existió un delito, quién lo cometió y por qué lo hizo. Esas preguntas las hace la justicia, mientras que de manera expedita la UBPD se ocupa de la búsqueda como una medida de humanidad y dignidad frente a las víctimas y sus familias.

Para hacer esto la UBPD tiene dos facultades obvias: la de buscar y recuperar de manera extrajudicial los restos de quienes fallecieron, y la de obtener información y testimonios que ayuden a encontrarlos. Pero ahí es donde nuestro delirio por el litigio judicial puede enredar la pita.

Algunos consideran que, para garantizar que no habrá impunidad, la UBPD o no puede hacer nada, o debe pedir permiso al sistema ordinario de justicia para cualquier cosa que haga. Por ejemplo, sostienen que la UBDP debe remitir todos los casos en donde se cuente con una investigación penal abierta en la Fiscalía para que sea esta última la que proceda a realizar la exhumación. Esto, llevado al extremo, dejaría sin trabajo a la UBPD pues es de esperar que la gran mayoría (si no la totalidad) de desapariciones estén ya siendo procesadas por la Fiscalía, o podría llevar a que la UBPD dependa de decisiones del sistema judicial para avanzar en su tarea.

Tampoco parecen razonables las propuestas de eliminar la exención del deber de denuncia de los testimonios que recibe la UBPD. Ese secreto es vital para promover que quienes tienen información sobre el paradero la proporcionen. En Irlanda del Norte, por ejemplo, se creó una exitosa línea telefónica a la que se llamaba a dar información sin tener que dar datos e identidad o contacto. Además, si las búsquedas humanitarias son exitosas proporcionarán evidencia sobre ubicaciones y restos que hoy no tiene la justicia.

Las víctimas de desaparición forzada tienen derecho a la búsqueda humanitaria y al esclarecimiento judicial. Tenemos la oportunidad de diseñar un sistema que de manera coordinada nos permita promover las dos. Pero solo lo lograremos si nos enfocamos en la víctimas y sus necesidades y no en las disputas sobre las burocracias que deben satisfacer esos derechos.

Artículo tomado de https://www.dejusticia.org/column/la-unidad-de-la-esperanza/

Imagen tomada de https://www.facebook.com/matadorcaricaturista/photos/ms.c.eJw9y9sJACAMA8CNJKbVpPsvJj7w9~_AIDMhyKV2RjRfMgMn5Qf2AxgecknxQURusWNN6ERU~-.bps.a.1989430011313812.1073741871.1500134680243350/2005078823082264/?type=3&theater

La violencia sexual en los municipios priorizados para la paz

Margarita Martínez Osorio

mmartinez@dejusticia.org

Es prioritario establecer políticas públicas que desmilitaricen la vida cotidiana y desmonten las prácticas que promueven la violencia sexual en los escenarios de post conflicto.

El año pasado, la Defensoría del Pueblo registró 61 alertas tempranas de casos de violencia sexual en los municipios que conforman los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Estos municipios, priorizados para la implementación del Acuerdo de Paz*, además de haber mantenido índices altos de violencia sexual durante los diez últimos años, también se han caracterizado por su precaria presencia institucional y por altas tasas de impunidad y desatención. Si, como parte de la implementación del Acuerdo en estas zonas del país, no se toman medidas para prevenir la ocurrencia de violencia sexual, es posible que los índices de este delito en los municipios PDET se mantengan críticos e incluso aumenten, tal y como ha pasado en otros escenarios de post conflicto a nivel mundial. ¿Están preparadas las instituciones colombianas para responder a ese riesgo?

Entre 2008 y 2017, la Fiscalía, a través de su base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), registra la ocurrencia de 36.881 casos de violencia sexual en los 170 municipios que conforman los PDET, lo que significa que en este conjunto de municipios se presentaron, en promedio, 3.688 casos por año**. De acuerdo con una investigación de Dejusticia, que será publicada en los próximos días, 103 de esos 170 municipios, el 60,6%, mantuvieron tasas altas de violencia sexual durante los diez últimos años. En conjunto, 10 de las 16 regiones PDET que agrupan los 170 municipios han mantenido tasas críticas de violencia sexual (Arauca, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Cuenta del Caguán y Piedemonte Caqueteño, Macarena-Guaviare, Putumayo, Sur de Bolívar, Sur del Tolima, Urabá Antioqueño, Montes de María y Sierra Nevada Perijá).

Entender el comportamiento de la violencia sexual en estos territorios pasa por reconocer que, si bien este delito ha sido cometido sistemáticamente por los actores armados que han hecho presencia en los municipios PDET, también es un crimen que ocurre en las familias y espacios comunitarios. Por un lado, el reciente informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, al igual que investigaciones de organizaciones de mujeres –como la elaborada por Sisma Mujer-, ponen en evidencia cómo los diferentes actores armados promovieron prácticas sistemáticas y específicas de violencia sexual en el marco de la guerra.

Pero, por otro lado, la falta de instituciones de justicia y de atención en salud, junto con la presencia de órdenes cotidianos machistas y violentos –no necesariamente vinculados con el conflicto-, son factores que contribuyen a generar un escenario de impunidad, tolerancia y sistematicidad de los crímenes sexuales en los territorios PDET. Esto es particularmente grave en un contexto de post conflicto, pues, como lo han mostrado varios estudios comparados, en regiones de precaria presencia estatal, que han padecido los crímenes sexuales de los actores armados, el riesgo de que aumente la violencia sexual en el periodo de desmovilización tiende a ser alto.

En su análisis del post conflicto peruano, Jelke Boesten muestra la manera en que quienes vivieron de alguna manera el conflicto, al igual que las víctimas o los victimarios directos, están marcados por traumas psicosociales que se pueden profundizar si entran a formar parte de familias que han naturalizado las prácticas de violencia y que, muchas veces, están compuestas por hijos(as) producto de violencias sexuales perpetradas en la guerra. Además, tal y como lo señala Kimberly Theidon para el caso colombiano, los hombres y mujeres que han participado de diversas formas en el conflicto tienden a naturalizar las formas de ser violentas y armadas, en las que la masculinidad exacerbada y militarizada se convierte en un atributo deseable y valorado.

Desmilitarizar la vida cotidiana y desmontar las prácticas violentas que promueven la violencia sexual no suelen ser metas contempladas como prioritarias por las políticas públicas en los escenarios de posconflicto. Sin embargo, son asuntos de vital importancia si el objetivo es romper con las estructuras que promueven la violencia. Por ello, es urgente que, en el desarrollo de los PDET, el tema de violencia sexual se posicione como una prioridad y se pongan en marcha programas de atención y prevención de este delito.

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* Esta columna contiene parte de las reflexiones del texto Post conflicto y violencia sexual: la garantía de la interrupción voluntaria del embarazo en los municipios priorizados para la paz, elaborado por Ana Jimena Bautista, Blanca Capacho y Margarita Martínez, investigadoras de Dejusticia.

** Desde la información del SPOA, para la investigación, desagregamos los delitos relacionados con violencia sexual contenidos en los títulos “Delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales” y “Delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho”.

Artículo tomado de https://www.dejusticia.org/column/la-violencia-sexual-en-los-municipios-priorizados-para-la-paz/

Por un pacto contra los asesinatos

Rodrigo Uprimny Yepes

ruprimny@dejusticia.org

La foto con la franca sonrisa del líder social asesinado Temístocles Machado y sus entrevistas o los artículos sobre su vida y su lucha le pusieron una cara a la violencia contra los líderes sociales.

En febrero de 2017 escribí la columna “¡Basta ya!”, condenando los asesinatos de líderes sociales e invitando a formar un pacto político y social contra esa violencia. Un año después, dolorosamente, tengo que plagiar esa columna, pues el fenómeno no sólo continúa, sino que se ha agravado, mientras persiste la indiferencia social frente a esos crímenes y las respuestas estatales siguen siendo insuficientes cuando no inaceptables, como atribuir esa violencia a líos de faldas.

Esto es gravísimo, pues la violencia contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, activistas políticos y desmovilizados de las Farc no sólo es humanamente dolorosa, sino que representa una amenaza muy seria a la paz y a nuestra precaria democracia.

La evidencia en estos meses ya es suficiente para concluir que esta violencia no sólo se ha generalizado, sino que responde a ciertos patrones sistemáticos. Como lo han mostrado diferentes informes, como el de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, la mayoría de las víctimas ejercían liderazgos sociales, muchos de ellos vinculados a reclamos de tierras, en zonas que eran dominadas por las Farc y en donde operan grupos herederos del paramilitarismo.

Este tipo de violencia responde además a un patrón antidemocrático histórico colombiano, conforme al cual las aperturas democráticas son violentamente cerradas por un aumento de la violencia contra los líderes sociales, desplegada usualmente por grupos paramilitares, como lo ha mostrado, por ejemplo, el riguroso análisis econométrico de los profesores de los Andes Fergusson, Querubín, Ruiz y Vargas (“La verdadera maldición del ganador”).

Debemos enfrentar y superar esa violencia, lo cual supone respuestas en distintos frentes: el Gobierno debe hacer todos los esfuerzos por prevenirla y la Fiscalía debe esclarecer los crímenes y llevar a juicio a los responsables. Pero hay algo más que podemos y debemos hacer, que es una propuesta que hemos compartido con Rafael Guarín, del Centro Democrático: generar un rechazo masivo a esos crímenes, por medio de un pacto de todas las fuerzas políticas, sin importar su orientación, que condene esos crímenes, sin importar si las sensibilidades políticas de las víctimas eran o no las mismas que las nuestras.

Esto es muy importante, pues la sistematicidad de esta violencia no significa que obligatoriamente haya un plan de exterminio organizado centralmente por alguien. Puede que dicho plan exista, pero es más probable que la sistematicidad provenga de que grupos locales diversos se consideran políticamente autorizados para perpetrar esos crímenes porque sienten que algunas fuerzas políticas nacionales aprueban esa violencia, por cuanto no la han rechazado explícitamente. Un pacto político genuino y claro de condena de esos crímenes por las principales (ojalá todas) fuerzas políticas, semejante al que se hizo en España hace años condenando la violencia de Eta, eliminaría cualquier ambigüedad sobre el tema y privaría esos crímenes de cualquier asomo de legitimidad.

La foto del líder social asesinado Temístocles Machado, con su franca sonrisa, le puso una cara a esa violencia contra los líderes sociales. Como homenaje a la memoria de este líder y de los otros centenares que han sido asesinados debemos lograr ese pacto político. Invito a liderar ese esfuerzo al presidente de la República, como representante constitucional de la unidad nacional, junto al senador Álvaro Uribe, por su indudable liderazgo político, y al padre Pacho de Roux, por su indudable liderazgo moral y por ser presidente de la Comisión de la Verdad, que no es sólo una Comisión de la Verdad, sino también de convivencia.

Artículo tomado de https://www.dejusticia.org/column/por-un-pacto-contra-los-asesinatos/

Asesinato de líderes sociales: la guerra que sigue viva

Aunque la tasa general de homicidios disminuyó con el acuerdo de paz, la violencia se ha enseñado contra quienes defienden los derechos de los más vulnerables- es decir contra los mismos que sufrieron la guerra-. ¿Qué está pasando y qué se puede hacer?

Carlos Guevara*

Los salmones

Siempre he sentido fascinación por los salmones. Me asombra su capacidad de afrontar obstáculos y vencerlos. Los salmones enfrentan un sin fin de depredadores durante meses y en el momento culmen de su vida, nadan contra la corriente para poder reproducirse.

La vida de los líderes sociales en Colombia se asemeja a la de este pez extraordinario.

Durante décadas, los líderes sociales fueron la población más invisibilizada del conflicto armado. Tanto así que ni siquiera el Centro Nacional de Memoria Histórica los mencionó en su principal documento, el informe Basta Ya. Han sido olvidados por el Estado colombiano en su conjunto. Los gobiernos de turno de los últimos 20 años han hecho todo lo posible por ocultar la violencia sistemática que sufren los líderes sociales de Colombia.

Desde la sociedad civil, el registro más antiguo de violencia contra líderes sociales es el  del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). Pero la documentación más precisa la tiene el Programa Somos Defensores, que cuenta con la base de datos más completa y donde se registran aproximadamente cinco mil defensores y defensoras de los derechos humanos que han sido agredidos.

Los diversos gobiernos de los últimos 20 años han hecho todo lo posible por ocultar la violencia estructural que sufren los líderes sociales.

Esta invisibilidad, que parecería ser lapidaria para los líderes sociales, no ha sido excusa para que estos “salmones” sigan adelante. En medio de la guerra, estos activistas en los ámbitos local, regional, nacional e internacional izaron la bandera de la salida negociada del conflicto como única forma de acabar con las hostilidades y así buscar un país distinto.

Hace veinte años comenzamos a oír de los “defensores de derechos humanos” gracias a la declaración de Naciones Unidas donde se definía quiénes eran estos activistas y se establecían las obligaciones de cada Estado miembro con estos hombres y mujeres.

Pero en Colombia ya los conocíamos, aunque con otros nombres: los llamábamos líderes campesinos, indígenas, afros, sindicalistas, líderes estudiantiles, feministas o ambientalistas. Claro está, una pequeña pero poderosa fracción de la población colombiana los llamaba de otras formas peyorativas: chusmeros, mamertos, revoltosos, guerrilleros, terroristas.

El pasado 27 de enero, el líder social y defensor de derechos humanos Temístocles Machado fue asesinado en Buenaventura por sujetos todavía desconocidos.

Hoy, a pesar de los años y del avance de la democracia, la ampliación del paquete de derechos humanos y la firma de un acuerdo de paz con la guerrilla más antigua del continente, los “salmones” se siguen muriendo, pero no de viejos.

2017: más violencia focalizada

Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas Foto: U.S Department of Defense

La implementación de los acuerdos de paz con las FARC tiene un sabor agridulce.

Si bien es de suma importancia reconocer que el silencio de los fusiles implicó que tuviéramos la tasa de homicidios más baja en los últimos 30 años —24 por cada 100 mil habitantes—, esa tasa de homicidios se disparó focalizadamente en los defensores y defensoras de los derechos humanos.

Según cifras del Programa Somos Defensores los homicidios contra estos activistas vienen en aumento sostenido desde que empezó el proceso de paz:

• En 2013 hubo 78 casos
• En 2014, 55 casos
• En 2015, 63 casos
• En 2016 80 casos

En 2017 la cifra rompió la barrera de los 100 casos y en 2018 la situación no mejora y se torna aún peor con un registro de 18 líderes asesinados en los primeros 31 días del año.

De estos homicidios recientes de 2017 y lo que llevamos de 2018, los activistas con mayor número de muertes son los líderes campesinos, comunitarios, de juntas de acción comunal e indígenas en zonas rurales. Esto muestra que la violencia se concentró en personas defensoras pobres de lugares apartados del país donde la guerra ha estado siempre: departamentos como Antioquia, Norte de Santander, Valle de Cauca, Cauca, Nariño, Meta, Córdoba y Chocó.

Son personas con pocas posibilidades de acceder a la ayuda estatal: la misma población que ha puesto los muertos de esta guerra que no termina.

La violencia se focalizó en personas pobres de lugares apartados: la misma población que ha puesto los muertos de esta guerra que no termina.

Es aquí donde surge la pregunta del millón: ¿quién los está matando? Hay un mar de dudas.

Según la medición histórica de Somos Defensores, los mayores asesinos siguen siendo desconocidos (en parte por la inmensa impunidad, que llega al 87 por ciento según el informe especial STOP WARS – Paren la Guerra contra los defensores), seguidos de grupos de ascendencia paramilitar y con participaciones en menor proporción de fuerzas de seguridad del Estado y guerrillas.

Para las autoridades, los responsables de estos crímenes son de distintos tipos y por diversas motivaciones, como lo señaló el Fiscal General Néstor Humberto Martínez o incluso por “líos de faldas”, como lo dijo el Ministro de Defensa Luis Carlos Villegas. Infortunadamente, ambos funcionarios desconocen de tajo las motivaciones políticas que desde siempre han estado detrás de estas muertes y que aún no son investigadas a profundidad.

Más de 70 personas han sido capturadas por los crímenes de 2016 a 2018, pero ninguna de ellas corresponde a autores intelectuales sino tan solo a los que halaron el gatillo.

Un río de desafíos

Líderes sociales.   Foto: Gobernación del Atlántico

En ese contexto, los “salmones” enfrentan el desafío de ser la pieza clave en la puesta en marcha de los acuerdos de paz, pues son ellos quienes tienen los contactos, el conocimiento de terreno y de las comunidades así como la experiencia organizativa y de vida para hablar de paz en medio de la guerra soterrada que aún los golpea.

Ellos fueron ellos quienes entre 2014 y 2017 lograron la movilización política de las víctimas, el avance en políticas estatales de derechos humanos y de protección, el no estancamiento de espacios tripartitos (Gobierno – Comunidad Internacional – Sociedad Civil) para garantizar la vigencia de los derechos humanos en Colombia e hicieron grandes contribuciones a las mesas de La Habana y de Quito.

El Estado colombiano tiene un río de desafíos para garantizar que los defensores sigan vivos y haciendo su trabajo:

1. Protección: Los mecanismos de protección existentes (decreto 1066 de 2015 y su programa de protección a personas en riesgo) y los derivados de los acuerdos de paz (Comisión de Garantías de Seguridad y No Repetición) aún no acaban de armonizarse.

El gobierno sigue protegiendo con escoltas, chalecos antibalas, vehículos blindados y teléfonos celulares, pero la protección colectiva, que es la que realmente se necesita, aún no despega muy a pesar de tener un decreto reglamentario (decreto 2078 de 2017).

Todo en el papel se ve bonito, pero a la fecha no hay dinero suficiente para cubrir semejante desafío. Actualmente, el Estado protege a 9 mil personas y en ello invierte más de 150 millones de dólares al año. El desafío es proteger nada menos que a 15 mil personas. Tampoco existe la capacidad institucional para atender el volumen de solicitudes de protección por venir.

No hay dinero suficiente para los líderes sociales, ni existe una institucionalidad preparada para dar abasto a las solicitudes de protección.

2. Prevención: Si bien el decreto 1066 de 2015 y su programa de protección a personas en riesgo dicen que el componente de prevención de esas violencias es fundamental, en la realidad nunca se han podido adoptar mecanismos eficaces para hacerlo.  

Los mecanismos existentes, como el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), no son tomados con la seriedad necesaria por el gobierno. Ejemplo de ello es el Informe de Riesgo 010 – 17 emitido el año anterior donde se advertía sobre el peligro que corrían más de 200 organizaciones de derechos humanos y sus activistas en 24 departamentos del país, sin que a la fecha se sepa qué hizo el gobierno para atender esta advertencia.

En el nuevo escenario de post acuerdo, el componente de prevención deberá ser una prioridad si no queremos seguir contando defensores muertos. Para lograrlo, ya hay un  nuevo decreto (decreto 2124 de 2017) que podría fortalecer la autonomía y eficacia del SAT. Amanecerá y veremos si se logra.

3. Investigación: Si bien hay que reconocer que en 2017 la Fiscalía avanzó como nunca antes en las investigaciones por crímenes contra defensores, falta avanzar en análisis sobre esta violencia y sobre los posibles patrones comunes entre estos crímenes.

Es muy positivo que el Fiscal General haya reconocido que hay indicios de “sistematicidad” en los asesinados de defensores, pero esta posición debe redundar en investigaciones profundas que develen los planes y organizaciones criminales detrás de estas muertes.

Solo cuando el salmón logra desovar en aguas más tranquilas, río arriba, descansa de su largo trayecto y recuerda que el camino que enfrentó recorrió y venció es la garantía de que sus descendientes tengan una oportunidad de vivir.

Así también los defensores de derechos humanos y líderes sociales han recorrido un largo camino hasta llegar a esta paz negociada con la esperanza de que sus descendientes y en general, sus propias comunidades, tengan esa oportunidad de conocer un país con menos dificultades para vivir en paz.

Colombia tiene la responsabilidad de estar a la altura de esa misión.

* Coordinador de Comunicaciones, Incidencia y Sistema de Información de Derechos Humanos (SIADDHH) del Programa Somos Defensores, máster en Comunicación Política y Empresarial, especialista en Dirección de Cine, Video y TV, comunicador social y periodista.

Artículo tomado de 

https://www.razonpublica.com/index.php/conflicto-drogas-y-paz-temas-30/10856-asesinato-de-l%C3%ADderes-sociales-la-guerra-que-sigue-viva.html?utm_source=MadMimi&utm_medium=email&utm_content=Asesinato+de+l%C3%ADderes+sociales%3A+la+guerra+que+sigue+viva&utm_campaign=20180205_m143947902_Asesinato+de+l%C3%ADderes+sociales%3A+la+guerra+que+sigue+viva&utm_term=Carlos+Guevara_