El año pasado, la Defensoría del Pueblo registró 61 alertas tempranas de casos de violencia sexual en los municipios que conforman los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Estos municipios, priorizados para la implementación del Acuerdo de Paz*, además de haber mantenido índices altos de violencia sexual durante los diez últimos años, también se han caracterizado por su precaria presencia institucional y por altas tasas de impunidad y desatención. Si, como parte de la implementación del Acuerdo en estas zonas del país, no se toman medidas para prevenir la ocurrencia de violencia sexual, es posible que los índices de este delito en los municipios PDET se mantengan críticos e incluso aumenten, tal y como ha pasado en otros escenarios de post conflicto a nivel mundial. ¿Están preparadas las instituciones colombianas para responder a ese riesgo?
Entre 2008 y 2017, la Fiscalía, a través de su base de datos del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA), registra la ocurrencia de 36.881 casos de violencia sexual en los 170 municipios que conforman los PDET, lo que significa que en este conjunto de municipios se presentaron, en promedio, 3.688 casos por año**. De acuerdo con una investigación de Dejusticia, que será publicada en los próximos días, 103 de esos 170 municipios, el 60,6%, mantuvieron tasas altas de violencia sexual durante los diez últimos años. En conjunto, 10 de las 16 regiones PDET que agrupan los 170 municipios han mantenido tasas críticas de violencia sexual (Arauca, Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, Cuenta del Caguán y Piedemonte Caqueteño, Macarena-Guaviare, Putumayo, Sur de Bolívar, Sur del Tolima, Urabá Antioqueño, Montes de María y Sierra Nevada Perijá).
Entender el comportamiento de la violencia sexual en estos territorios pasa por reconocer que, si bien este delito ha sido cometido sistemáticamente por los actores armados que han hecho presencia en los municipios PDET, también es un crimen que ocurre en las familias y espacios comunitarios. Por un lado, el reciente informe del Centro Nacional de Memoria Histórica, al igual que investigaciones de organizaciones de mujeres –como la elaborada por Sisma Mujer-, ponen en evidencia cómo los diferentes actores armados promovieron prácticas sistemáticas y específicas de violencia sexual en el marco de la guerra.
Pero, por otro lado, la falta de instituciones de justicia y de atención en salud, junto con la presencia de órdenes cotidianos machistas y violentos –no necesariamente vinculados con el conflicto-, son factores que contribuyen a generar un escenario de impunidad, tolerancia y sistematicidad de los crímenes sexuales en los territorios PDET. Esto es particularmente grave en un contexto de post conflicto, pues, como lo han mostrado varios estudios comparados, en regiones de precaria presencia estatal, que han padecido los crímenes sexuales de los actores armados, el riesgo de que aumente la violencia sexual en el periodo de desmovilización tiende a ser alto.
En su análisis del post conflicto peruano, Jelke Boesten muestra la manera en que quienes vivieron de alguna manera el conflicto, al igual que las víctimas o los victimarios directos, están marcados por traumas psicosociales que se pueden profundizar si entran a formar parte de familias que han naturalizado las prácticas de violencia y que, muchas veces, están compuestas por hijos(as) producto de violencias sexuales perpetradas en la guerra. Además, tal y como lo señala Kimberly Theidon para el caso colombiano, los hombres y mujeres que han participado de diversas formas en el conflicto tienden a naturalizar las formas de ser violentas y armadas, en las que la masculinidad exacerbada y militarizada se convierte en un atributo deseable y valorado.
Desmilitarizar la vida cotidiana y desmontar las prácticas violentas que promueven la violencia sexual no suelen ser metas contempladas como prioritarias por las políticas públicas en los escenarios de posconflicto. Sin embargo, son asuntos de vital importancia si el objetivo es romper con las estructuras que promueven la violencia. Por ello, es urgente que, en el desarrollo de los PDET, el tema de violencia sexual se posicione como una prioridad y se pongan en marcha programas de atención y prevención de este delito.
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* Esta columna contiene parte de las reflexiones del texto Post conflicto y violencia sexual: la garantía de la interrupción voluntaria del embarazo en los municipios priorizados para la paz, elaborado por Ana Jimena Bautista, Blanca Capacho y Margarita Martínez, investigadoras de Dejusticia.
** Desde la información del SPOA, para la investigación, desagregamos los delitos relacionados con violencia sexual contenidos en los títulos “Delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales” y “Delitos contra las personas y bienes protegidos por el derecho”.
Artículo tomado de https://www.dejusticia.org/column/la-violencia-sexual-en-los-municipios-priorizados-para-la-paz/
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