El Congreso y la Corte introdujeron cambios sustantivos al Acuerdo. Y quedan además los desafíos de la seguridad de los desmovilizados, la incompetencia de las agencias estatales y el sabotaje de políticos con miras a las elecciones del 2018.
Carlo Nasi*
La paz empantanada
A un año de firmarse los acuerdos entre el Gobierno y las FARC, el panorama de su cumplimiento o “implementación” sigue siendo oscuro.
Más allá de los hechos positivos —la guerra se acabó, las FARC se desmovilizaron y se desarmaron—, la promulgación de leyes para el cumplimiento de los acuerdos ha enfrentado todo tipo de obstáculos.
Los logros del “fast track” fueron escasos: apenas se aprobaron 7 de las 27 leyes que se presentaron —cerca de la cuarta parte—. No obstante la anunciada expectativa de que habría avances rápidos, la paz sencillamente se empantanó en el Congreso.
Por cuenta del Congreso, de la Corte Constitucional y de la Fiscalía se introdujeron varios cambios controversiales a lo acordado entre el Gobierno y las FARC. El líder de esta guerrilla Andrés París recientemente denunció que se había violado el espíritu de lo pactado en La Habana.
Y en parte tiene razón. Que la Corte Constitucional haya decidido que los terceros responsables de graves violaciones a los derechos humanos (por ejemplo, los financiadores de grupos paramilitares) se presenten ante la JEP voluntariamente y no puedan ser obligados a hacerlo va en contravía de la idea de aplicar una misma justicia para todos.
También raya en lo vergonzoso que a última hora —con argumentos sacados de la manga—Cambio Radical haya propuesto que el Congreso impusiera nuevos requisitos a los magistrados de la JEP que ya estaban escogidos. En efecto: de una manera seria y juiciosa, el Comité de Escogencia seleccionó a personas con los mejores credenciales para integrar las varias salas que constituyen la JEP. El argumento de que los escogidos deben ser inhabilitados porque, debido a su trayectoria, tienen sesgos frente al proceso de paz es simplemente ridículo.
Cambios como estos no mejoran lo pactado. Con estas modificaciones, los acuerdos de paz se empantanaron. ¿Era previsible que esto sucediera? ¿Cuál es el panorama de mediano y largo plazo para la paz en Colombia?
La literatura académica identifica distintos obstáculos que pueden dificultar la firma y cumplimiento de los acuerdos de paz. Varios de estos obstáculos han estado presentes en Colombia, y en especial
- los saboteadores políticos,
- los peligros de seguridad para los desmovilizados, y
- la incapacidad de las instituciones estatales.
Más y más saboteadores
Muchos acuerdos de paz no llegan a firmarse o fracasan después de la firma por obra de los saboteadores.
Pues bien: desde los primeros acercamientos entre el Gobierno Santos y las FARC, el expresidente Uribe y un grupo de políticos cercanos se dedicaron a sabotear el proceso de paz.
Claro: es perfectamente legítimo estar en desacuerdo con una negociación de paz. Pero una cosa es oponerse con argumentos de peso y otra distinta es lo que hizo el uribismo es decir, lanzar ataques gratuitos, sistemáticos y permanentes al proceso de paz sobre la base de desinformación o de francas mentiras para obtener réditos electorales.
Durante la fase de negociación, el Centro Democrático era el único saboteador del proceso de paz, con una estrategia cuyo momento cumbre fue la victoria del “No” en el plebiscito de 2016. Pero justo en la fase de desarrollo o implementación de los acuerdos, el grupo de saboteadores se engrosó.
Como el Gobierno contaba con una coalición mayoritaria en el Congreso, había confianza en que podría avanzar en la reglamentación de los acuerdos sin mayores traumatismos, y en efecto al comienzo logró varios avances importantes.
Pero esta situación cambió con el paso de tiempo. Mientras la coalición oficialista se fracturaba ante la cercanía de unas nuevas elecciones presidenciales, la opinión seguía polarizada y amplios sectores mostraban desidia o franca hostilidad frente al Acuerdo con las FARC, lo que incidió por supuesto sobre los cálculos electorales.
Políticos de Cambio Radical y del Partido Conservador anticiparon que ganarían más votos atacando que defendiendo el proceso de paz, y por lo tanto se distanciaron de Santos y de los acuerdos que antes habían apoyado.
Peligros para las FARC
Tras el acuerdo de paz, los integrantes de las FARC deben seguir conviviendo en el mismo territorio con sus antiguos enemigos. De ahí el gran peligro de que los aniquilen, como antes sucedió con la Unión Patriótica (UP) —el peor de los escenarios— o de que les incumplan lo pactado —algo menos grave, pero muy negativo—.
El único instrumento de presión con el que contaban las guerrillas eran las armas. Una vez desarmadas, las FARC quedan a merced de sus rivales.
Eso no significa que los gobiernos firmen acuerdos de paz para luego desconocerlos. Si se hace un recuento de las distintas negociaciones de paz en el mundo, se observan distintos grados de cumplimiento.
Aunque ningún acuerdo se ejecuta en su totalidad, tampoco son frecuentes casos como el de Guatemala, donde se estima que hubo incumplimiento del 95 por ciento de lo pactado entre el gobierno y las guerrillas.
El Gobierno Santos negoció con las FARC de buena fe y quiso cumplir. Pero la seguridad de los ex guerrilleros debe garantizarse más que nunca en la etapa de implementación de los acuerdos. Varias fuerzas políticas ponen palos entre las ruedas y las FARC tienen pocos instrumentos para garantizar que se cumpla lo pactado.
Incapacidad de las instituciones estatales
Dejación de armas por parte de las FARC.
Foto: Conexión Capital |
El cumplimiento de un acuerdo de paz conlleva una gran asimetría de cargas entre las dos partes.
-Los compromisos de las guerrillas son relativamente simples y de corto plazo: concentrarse en determinados puntos, desmovilizarse, entregar las armas, los menores, los dineros mal habidos, etcétera.
-El papel del Estado es mucho más complejo porque adquiere obligaciones de largo plazo que implican emprender reformas políticas, económicas y sociales de envergadura. En concreto, hay un grado de dificultad considerable en la realización de los acuerdos concernientes a:
- la paz territorial
- la reforma rural integral
- las drogas y el narcotráfico
- la reforma política, y
- la reparación de las víctimas.
Los asuntos anteriores demandan muchos recursos, diseñar y ejecutar políticas adecuadas y sostenibles en el tiempo, así como el trabajo coordinado y eficiente de diversas entidades del Estado.
Incluso si en Colombia hubiera un amplio consenso político a favor de los acuerdos de paz, su implementación sería lenta y tendría muchos tropiezos. El Estado colombiano sigue lejos de tener instituciones competentes, comprometidas y eficientes, especialmente en las regiones apartadas —donde a menudo ni siquiera tiene presencia—.
Es urgente reformar y modernizar las instituciones estatales. La ejecución eficiente de cualquier política, incluidos los acuerdos de paz, depende de esto.
Una responsabilidad histórica
Víctimas del conflicto armado.
Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá |
Los opositores de los acuerdos de paz se regodean ante la posibilidad de “hacerlos trizas”. El “fast track” ha tenido resultados mediocres y las elecciones de 2018 podrían permitir que se desande lo poco que se ha andado.
Pero esa visión tiene un enorme grado de miopía. El uribismo ha propagado la idea de que las FARC son como el Rey Midas, pero al revés: que “contaminan todo lo que tocan.” Y como el proceso de paz involucró a las FARC, nada bueno podía salir de ahí.
Pero los acuerdos no son solo propuestas de las FARC. El proceso de paz ha sido una oportunidad histórica para abordar los problemas más graves del país. No se puede desconocer que muchas iniciativas de funcionarios del gobierno y organizaciones de la sociedad civil fueron protagonistas en la mesa de negociación.
Por ejemplo la reforma política fue una propuesta que el Gobierno y las FARC delegaron a una comisión de expertos independientes, la Comisión Electoral Especial, que diseñó una serie de medidas destinadas a acabar con vicios como el clientelismo y la corrupción política. Pero – como Clara Roció Rodríguez demuestra con detalle el Congreso modificó la reforma para desvirtuar su contenido y luego la hundió.
¿La propuesta de reforma rural integral correrá la misma suerte? ¿”Harán trizas” un proyecto que busca mejorar las condiciones del campo, aclarar los derechos de propiedad, brindar asistencia técnica y económica a los campesinos?
Cualquiera que haya estudiado la violencia en Colombia sabe que la raíz de muchos problemas está en asuntos relacionados con la tenencia y el despojo de las tierras en el campo. Construir un país pacífico, próspero y genuinamente democrático implica atender este tema de una manera seria, decidida y profunda. ¿Lo entenderán los políticos que quieren sabotear los acuerdos de paz?
El proceso de paz no debe dar asco: debe entenderse como oportunidad de remediar los problemas más graves del país. Ojalá mañana no nos lamentemos por no haber hecho nada ante la miopía y la pequeñez de algunos políticos que han hecho carrera a costa del futuro de Colombia.
*Profesor Asociado del Departamento de Ciencia Política, Universidad de los Andes. Las opiniones expresadas son responsabilidad del autor.
